Cuando el Ministerio de Educación Nacional publicó el borrador de resolución PN-2026-28014 a principios de marzo de 2026, quizás esperaba observaciones técnicas y formales. Lo que recibió fue otra cosa: 680 comentarios cargados de urgencia, frustración, experiencia vivida y propuestas concretas. Entre ellos, una voz colectiva se alzó con particular claridad — la de la comunidad sorda colombiana y los profesionales que trabajan junto a ella.

Este análisis sintetiza los aportes más relevantes de esa consulta sobre dos grandes temas: el papel del mediador lingüístico y la educación de los estudiantes sordos en Colombia. No es un resumen neutral. Es un llamado a que los responsables de política pública lean lo que la comunidad ya escribió — y actúen en consecuencia.

Parte I: El mediador lingüístico bajo la lupa

El proyecto de resolución contempla varios perfiles de apoyo para la educación de estudiantes sordos: el modelo lingüístico, el intérprete de LSC, el mediador pedagógico y el docente bilingüe bicultural. Cada uno recibió observaciones específicas y, en muchos casos, críticas estructurales.

El término “modelo lingüístico”: ¿suficiente para 2026?

Uno de los aportes más reiterados fue la solicitud de revisar y actualizar la denominación “modelo lingüístico”. Varios participantes —entre ellos personas sordas con formación universitaria y más de una década de experiencia— señalaron que este término refleja una visión desactualizada de su rol y de su nivel profesional.

La propuesta más concreta vino de Ronald Pérez, Licenciado en Pedagogía y Especialista en Cultura Sorda, quien propuso fortalecer el perfil desde bases científicas en neurolingüística y neuropsicología. Otros participantes recomendaron reconocer oficialmente al “Docente de Lengua de Señas Colombiana” como profesional con perfil y funciones pedagógicas claras, superando la figura del modelo lingüístico.

IMAGEN: Ilustracion de Persona sorda adulta interactuando con estudiantes en un aula, usando lengua de señas. · Creado con IA

El mediador pedagógico: un perfil que nadie sabe distinguir

Múltiples comentarios señalaron que el perfil del mediador pedagógico descrito en el proyecto es prácticamente idéntico al del docente de apoyo pedagógico. Esta confusión no es menor: cuando dos roles tienen el mismo propósito en el papel, las entidades territoriales terminan definiendo el cargo según conveniencia administrativa y no según necesidad pedagógica.

Un ciudadano señaló que la atención del mediador no debería limitarse a estudiantes con discapacidad sensorial, sino extenderse a quienes tienen autismo o discapacidad profunda y requieren mediación conductual y regulación emocional — siempre que esa ampliación vaya acompañada de una diferenciación clara de perfiles.

Intérpretes de LSC: el problema de la idoneidad no resuelta

El aporte técnico más preciso sobre este perfil vino de Yeison Jiménez, intérprete con formación profesional, quien señaló que la descripción “persona oyente que brinda servicios de interpretación” es tan amplia que permitiría que cualquier persona con conocimientos básicos de señas acceda al cargo sin formación real.

Cecy Flor, participante sorda, confirmó este problema desde su experiencia: ha enfrentado múltiples dificultades por la contratación de intérpretes con certificaciones básicas que no garantizan competencias reales. Señaló además que la Ley 982 de 2005 ya define la figura del intérprete oficial con reconocimiento del MEN — figura que el proyecto de resolución no menciona.

Parte II: La educación del sordo — más allá del intérprete

La segunda parte de los aportes aborda algo más profundo que los perfiles técnicos: qué tipo de educación merece la comunidad sorda en Colombia. Y la respuesta fue inequívoca: no una educación asistida, sino una educación propia.

IMAGEN: Conmemoracion del Mes Internacional de las Personas Sordas. · Crédito: Asociación de Sordos de Boyacá · https://www.facebook.com/adesorboy1

La comunidad sorda como minoría lingüística y cultural

El eje más profundo de los comentarios fue el reclamo de que el proyecto trata a las personas sordas exclusivamente desde una perspectiva de discapacidad, ignorando su condición de comunidad lingüística y cultural. CORPSAC (Corporación de Sordos Académicos de Colombia) fue directa en su pronunciamiento:

Esta perspectiva tiene implicaciones prácticas profundas. Si la comunidad sorda es reconocida como minoría lingüística — no solo como grupo con necesidades de salud auditiva — la respuesta educativa del Estado no puede reducirse a proveer intérpretes como apoyos técnicos. Debe estructurarse como una educación diferenciada, con protagonistas de la propia comunidad.

El docente bilingüe bicultural: ¿quién debe ejercerlo?

Este fue el punto que generó mayor debate. El proyecto permite que el cargo sea ejercido por docentes oyentes sin dominio previo de la LSC, otorgándoles un “tiempo prudencial” para aprenderla. La comunidad rechazó esta disposición de manera contundente.

Sol Eleny Moscoso Hernández señaló que durante ese “tiempo prudencial”, es el estudiante sordo quien asume el costo pedagógico de la falta de competencia lingüística del docente. Propuso establecer un plazo máximo de un año y garantizar que en ese período el docente cuente con intérprete y modelo lingüístico permanente.

El 95% de docentes sordos en provisionalidad

Uno de los datos más impactantes fue que aproximadamente el 95% de los docentes sordos están vinculados en calidad de provisionalidad. No porque no sean idóneos — sino porque los procesos de concurso no garantizan su participación en condiciones de equidad.

Leydy Bibiana Luna Figueroa, con más de 12 años de experiencia como modelo lingüístico en el Cauca y Boyacá, solicitó que se reconozca la posibilidad de transición del perfil de modelo lingüístico al de docente bilingüe bicultural cuando se cuenta con experiencia y formación en curso. No pide privilegios: pide que el sistema reconozca lo que ella ya es.

IMAGEN: Aula de estudiantes sordos · Crédito: Secretaría de Educación de Bogotá · https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7721

La accesibilidad que el MEN no garantizó en su propia consulta

Un comentario señaló algo que debería ser una vergüenza institucional: el proceso de consulta pública sobre la educación de la comunidad sorda fue publicado sin accesibilidad en Lengua de Señas Colombiana. Los documentos y videos del MEN no estaban traducidos a LSC.

Una política que promete garantizar la educación inclusiva de la comunidad sorda se diseñó y difundió excluyendo a esa misma comunidad de su comprensión plena. No es un error menor. Es una contradicción estructural que revela cuánto camino queda por recorrer.

Contratos OPS: el enemigo silencioso de la continuidad educativa

El tema de las condiciones laborales cruzó todos los comentarios. Intérpretes, modelos lingüísticos y docentes bilingüe-biculturales describieron contratos cortos, interrupciones entre uno y el siguiente, y en algunos casos trabajo sin contrato mientras se firma el nuevo.

Luz del Sol Vesga Parra propuso que la resolución prohíba expresamente el uso de OPS para estos perfiles y exija vinculación a plantas de personal que aseguren cobertura durante todo el calendario escolar.

Las 10 demandas concretas de la comunidad

De la lectura de los comentarios emergen diez exigencias que se repiten con fuerza y que merecen ser nombradas con claridad:

• 01Actualizar la denominación “modelo lingüístico” para reflejar el nivel de profesionalización de las personas sordas y reconocerlas como docentes nativos en LSC.
• 02Diferenciar con claridad el perfil del mediador pedagógico frente al docente de apoyo, especificando la población, las condiciones y las funciones de cada uno.
• 03Exigir formación profesional real para los intérpretes de LSC e incorporar la figura del intérprete oficial reconocido por el MEN según la Ley 982 de 2005.
• 04Priorizar la vinculación de docentes sordos licenciados en los cargos de docentes bilingüe-biculturales.
• 05Diseñar ajustes razonables reales en los procesos de concurso docente para garantizar la participación de licenciados sordos en condiciones de equidad.
• 06Garantizar estabilidad laboral mediante contratos que cubran todo el calendario escolar, eliminando la contratación OPS para roles estructurales.
• 07Reconocer a la comunidad sorda como minoría lingüística y cultural, no solo como grupo con discapacidad, y diseñar la política educativa con ese enfoque.
• 08Establecer criterios claros de nivel de dominio en LSC (equivalente al menos a B2 según escalas del INSOR) para todos los perfiles que trabajan con estudiantes sordos.
• 09Garantizar que los documentos y materiales del MEN sobre educación del sordo estén traducidos a LSC y sean accesibles para la comunidad que afectan.
• 10Crear un mecanismo formal de participación vinculante de la comunidad sorda en el diseño, revisión y evaluación de la política educativa que los involucra.

Lo que está en juego

Esta consulta pública no fue un trámite administrativo. Fue, para muchos participantes, una oportunidad rara de ser escuchados por quienes toman decisiones que los afectan directamente. Intérpretes que llevan años en contratos precarios. Docentes sordos licenciados que no pueden acceder a la carrera docente en propiedad. Familias que ven cómo cada año su hijo comienza desde cero con un nuevo profesional porque el contrato anterior venció.

La resolución que finalmente expida el Ministerio de Educación Nacional puede ser un avance real o una oportunidad perdida. La diferencia estará en si los tomadores de decisiones leen — realmente leen — lo que la comunidad escribió durante esos quince días de marzo de 2026.

La comunidad sorda colombiana ya habló. Su lengua es la LSC. Su exigencia es clara. El resto, por ahora, depende de quienes tienen la pluma.